En los países avanzados estos instrumentos se habían convertido en el último grito de la moda, aún entre inversionistas conservadores como fondos de pensiones y fundaciones universitarias. Ahora lo siguen siendo, claro está, pero por las quiebras recientes.
El gestor de esa empresa se declaró culpable de múltiples cargos, entre otros, conspiración y fraude. Engañó a los inversionistas desde que inició operaciones en 1996 en relación con los verdaderos retornos y por haber utilizado los servicios de una firma auditora fantasma. Según salió a relucir en el juicio, en realidad jamás obtuvo utilidades y logró hacer evaporar cerca de $450 millones de dólares. Fue sentenciado en 2008 a 20 años de cárcel y a la restitución de una suma cercana. Recién hace unos meses comenzó a pagar su condena, después de un novelesco episodio que incluyó intento de desaparición por medio de un falso suicidio.
Los escándalos con este tipo de instrumentos no son cosa nueva. Afortunadamente están restringidos, por lo menos en los Estados Unidos, a inversionistas institucionales o a personas en capacidad de demostrar que son millonarias. Como el gobierno asume que estas personas son suficientemente educadas para entender cómo mueven su plata, y dada la gran liquidez que estos fondos suministran a los mercados, (antes de la crisis movían en ese país cerca de dos trillones de dólares, los de doce ceros) todos los intentos de regulación hasta la fecha han fracasado.
Pero con toda seguridad en la agenda del señor Obama figura con carácter urgente la solución de una vez por todas de este problema.Gracias a su larga experiencia en el tema, cuentan en ese país con una vieja jurisprudencia que ya nadie discute: cuando hay de por medio un fraude, más aún en el caso de una pirámide, aquellos que se retiran a tiempo son susceptibles de verse obligados a devolver sus ganancias.Quizás recuerden el caso de “Bayou Management”, una empresa administradora de fondos de cobertura que colapsó a finales de 2005 por graves irregularidades que no pudo seguir ocultando.Pero para los afectados, el caso “Bayou” tuvo aún mayores alcances que merecen ser tenidos en cuenta por nuestros legisladores para situaciones futuras. El juez correspondiente dictaminó en 2007 que los damnificados podían demandar a aquellos que tuvieron la suerte (o la sapiencia) de retirarse a tiempo, no solamente por las ganancias, sino también por su inversión inicial. Es más, no sólo declaró responsables a los ganadores que sabían del fraude, sino también a aquellos que “deberían haber sabido” de su existencia.
Nos ha explicado la prensa que el concepto detrás del fallo es el de “traspaso fraudulento de bienes.” Como es particularmente obvio en una pirámide, los dineros retirados hacen parte integral del fraude: al redimir dinero, lo que se busca es crear la impresión que el negocio es rentable. El caso más elemental de esta figura legal se produce, según explicaron los analistas del caso, cuando alguien se insolventa para eludir el pago de deudas.
En la práctica muchos inversionistas se han visto forzados a reintegrar las ganancias y parte de su inversión, dependiendo de cuándo se retiraron y de su nivel de conocimientos del caso. El debate, sin embargo, parece que va a dar para rato. Por una parte, para quienes son conscientes del fraude no hay controversia sobre la pena. Pero por otra, no todos están de acuerdo cuando ésta se produce por “deber haber sabido,” ante la presencia de ciertas señales. Se pregunta un abogado entrevistado por la revista “Fortune” (artículo de Nicholas Varchaver, diciembre 19/2008): “¿Se trata de un conspirador culpable o de una persona inteligente y honorable que defiende sus intereses? ¿Se debe penalizar a un inversionista que fue lo suficientemente lúcido al ver las señales de peligro que otros dejaron pasar?” Quizás este mecanismo les pueda ofrecer algún tipo de esperanza a quienes perdieron dinero en el caso del señor Madoff. Pero aquellos que se retiraron a tiempo pueden empezar a preocuparse, por lo menos un poco, porque de acuerdo con las leyes norteamericanas pueden ser requeridos si se retiraron aún dentro los últimos seis años. (si invirtieron a través de entidades norteamericanos y no de fondos off-shore) Claro que esto último trae otro tipo de problemas.
Harry Adler - La República - Enero 19 de 2009.
